NOTICIA
02-01-2014

AECA ITV reitera que los concesionarios o grandes flotistas serían ser juez y parte como centros de inspección

La patronal de las ITVs quiere que el Gobierno tenga en cuenta sus objeciones a la prevista liberalización del servicio de inspecciones técnicas obligatorias de los vehículos. A juicio de AECA ITV la “la supresión de todo tipo de incompatibilidades, como propone el Gobierno, es una decisión insólita en el ordenamiento jurídico español que atenta contra el carácter público de la función inspectora”.  Según Luis Rivas, secretario general de esta asociación, permitiría que concesionarios o grandes flotistas, pudieran inspeccionar vehículos que reparan o gestionan directamente en sus instalaciones. Serían juez y parte.

Rivas ha recordado, en declaraciones a Efe, que está sobre la mesa una propuesta de modificación del real decreto que regula la instalación y funcionamiento de las ITV que suprime las incompatibilidades actuales para prestar este servicio, lo que haría posible que un concesionario o un gran flotista obtuvieran una licencia.
De producirse este hecho supondría que estos nuevos actores, con intereses particulares y directos podrían realizar la inspección de vehículos que gestionan directamente o reparan en sus talleres.

A este tipo de incompatibilidades se refiere AECA-ITV en sus alegaciones a la propuesta de modificación formulada por el Gobierno para liberalizar un sector, que, por otra parte, ya lo está en varias Comunidades Autónomas, que son las que deciden al final que modelo de inspección se implanta en su territorio.

La Asociación recuerda en un documento de argumentación jurídica que la ITV se encuentra configurada como una actividad de inspección y certificación con naturaleza de función pública soberana que no debe dejarse al arbitrio de los particulares.

Añade el documento que toda función pública debe ejercitarse, por definición, en un marco de imparcialidad rigurosa y bajo un estricto control de la Administración.
Una supresión de todo tipo de incompatibilidades, como propone el Gobierno, es una decisión insólita en el ordenamiento jurídico español que atenta contra el carácter público de la función inspectora.

AECA-ITV esgrime, entre otras, razones de seguridad vial, para oponerse a la desaparición de las incompatibilidades, un hecho que, además, invade las competencias de las Comunidades Autónomas, algunas de las cuales, como la de Madrid, ha cambiado el sistema de concesión a autorización, lo que ha permitido que de 17 ITV se haya pasado en dos años a 51 instalaciones.
Las Autonomías de Castilla-La Mancha y La Rioja completan el listado de Comunidades que han liberalizado el sistema, mientras Cataluña y Canarias mantienen un sistema híbrido que está en redefinición.

No se entiende, según el secretario general, la supresión de las incompatibilidades cuando el modelo español está siendo tomado como modelo para la nueva normativa europea y el desarrollo de un sistema de ITV en mucho países de Iberoamérica.

En España, según los datos de AECA-ITV, se sobrepasa ya el número de 400 estaciones de Inspección Técnica de Vehículos, un número suficiente para atender un volumen de inspecciones que ha decrecido por efecto de la crisis y la caída del mercado del automóvil, a pesar de que han aumentado los coches en activo que superan los diez años de vida.

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