NOTICIA
18-02-2014

El ministro Cañete eximirá a los talleres de coches de tener que suscribir un “seguro verde”

El 98% de las empresas que estaba previsto tuvieran que suscribir un seguro por el riesgo de potencial accidente con graves daños al medio ambiente derivados de su actividad, incluidos talleres de reparación de vehículos, ya no tendrán que hacerlo. La reforma de la Ley de Responsabilidad Ambiental diseñada por el ejecutivo de Rodríguez Zapatero va a ser sustancialmente rebajada por el de Mariano Rajoy. De las 320 mil empresas que se iban a ver obligadas a suscribir un “seguro verde” apenas tendrán que hacerlo unas 5.470 por su mayor potencial para generar accidentes.

La propuesta del ministro Miguel Árias Cañete no ha gustado a las organizaciones ecologistas. En declaraciones al diario El País, Rita Rodríguez, abogada de la ONG WWF, denuncia el recorte que incluye la reforma de la Ley de Responsabilidad Ambiental planteada por el gobierno. Tampoco ha sido del agrado del Partido Socialista. Según su portavoz de Medio Ambiente, Hugo Morán: “La nueva ley restringe al mínimo las actividades sujetas a la garantía. Y además, al escaso número que sí se las exige, les concede un principio de voluntariedad y no de obligación”. Por añadidura, según Morán, será la propia empresa la que determine la cuantía de la garantía.

“Es como si el principio el que contamina, paga pasara a ser voluntario”, dice Mario Rodríguez, director de Greenpeace España. “Si hay una póliza suscrita, te aseguras de que el culpable de, por ejemplo, un vertido, paga lo que contamina. Si no, hay que ir a los tribunales a exigírselo. Al final, esta reforma significa que a los grupos ecologistas nos toca gastarnos los cuartos en acudir a la justicia para exigir reparación cuando hay un accidente. La experiencia dice que, como no haya garantía o aval, no paga ni el tato. Con la ley actual, necesitabas autorización de la Administración. Ahora, con comunicar el plan de prevención de riesgos será suficiente. Dependerá de la buena voluntad de los operadores”

Por su parte,  Guillermina Yanguas, directora general de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural, España ya ha dado un paso adelante al exigir una garantía financiera a las empresas con potencial contaminante en caso de accidente, pero asegura que “el propio Gobierno socialista se dio cuenta de que la exigencia era excesiva”. Y comenta que no es lo mismo un taller de coches o una tintorería que una cementera o una química. En cuanto a la determinación del importe de esas garantías, afirma: “Es el propio operador el interesado en tener bien cubiertos los daños que pueda producir”. Que sea voluntario “no impide que la Administración lo revise”, añade.

Las explicaciones de Yanguas no convencen a Rita Rodríguez, de WWF. Le preocupa que “todo quede en manos del operador. Él se evalúa su propio riesgo y decide la cuantía de la garantía. ¿Se va a revisar luego?”, se pregunta. “Y no está tan claro que una pequeña o mediana empresa, como un taller de chapa, no pueda causar daño”, añade. Mario Rodríguez también usa ese ejemplo: “A un taller se le rompe un tanque de aceite de usado y pasa al alcantarillado. Antes, en caso de vertido, una aseguradora respondía y pagaba el daño. ¿Y ahora?”.

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